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¿Es lenta la justicia española?

Sep , 24
¿Es lenta la justicia española?

La lectura de un artículo aparecido en julio en un diario nacional sobre la situación de la justicia en Italia me da pie a unos breves comentarios sobre su contenido y sobre la situación en España, refiriéndonos exclusivamente a la eficiencia de la administración de justicia, en otras palabras, la duración de los pleitos, que es uno de los aspectos que tradicionalmente es objeto de mayor preocupación y críticas.

Italia se está enfrentando a una reforma de gran calado de su sistema judicial que, además de politizado y desprestigiado, es el más lento de la UE. Ésta reforma ha sido impuesta por la UE como requisito para recibir los más de doscientos mil millones de euros en préstamos y subvenciones del Fondo de Recuperación.

Los datos de la Comisión Europea indican que los juicios civiles en primera instancia tardan en resolverse una media de 200 días en Alemania, 350 en España y 500 en Italia. En cuanto al tiempo de resolución de los recursos de apelación, la media de la UE es de 155 días, frente a los 800 de Italia. Esta situación ha llevado a que Italia haya sido condenada más que ningún otro país por el Tribunal de Justicia de la UE por “juicios cuya duración está fuera de lo razonable”.

¿Cuál es la situación en nuestro país?

El informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en la UE de 2021, en lo que se refiere a la eficiencia del sistema judicial, señala que el tiempo de tramitación de los asuntos civiles, mercantiles y administrativos en primera instancia no ha consolidado una tendencia positiva y sigue siendo elevado. Asimismo, que en el caso de los asuntos civiles y mercantiles en el Tribunal Supremo ha alcanzado los 681 días, lo que supone un aumento considerable desde 2018.

La Comisión también señala que el número de jueces por habitante sigue siendo uno de los más bajos de la UE (puesto 23 de los 27 estados miembros), lo que podría afectar a la eficacia del sistema judicial español.

Frente a estas circunstancias negativas señaladas, el informe de la Comisión menciona otras de carácter positivo, como son la creación de unidades judiciales adicionales para dar respuesta a las consecuencias del COVID 19 y la realización de más inversiones y proyectos para la digitalización de la justicia. Asimismo, el informe señala la existencia de tres iniciativas legislativas para mejorar la eficiencia: los anteproyectos de ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia, de eficiencia organizativa del sistema de la justicia y sobre la eficiencia digital del sistema judicial.

No cabe duda de que la mejoría en la eficiencia de la administración de justicia, necesidad que tradicionalmente ocupa un lugar destacado en las quejas de los ciudadanos, depende en gran parte del buen fin de los ambiciosos proyectos legislativos mencionados; esperemos que sea así.